Transparencia

Constituye una política pública. Es cuando el Estado determina exhibir u ofrecer información sobre su funcionamiento, a efecto de someterse al escrutinio público, siendo sujeto activo, es decir, realiza acciones para promover el conocimiento por parte de la sociedad respecto de su gestión.
Produce efectos como: contener a los funcionarios dentro de su función; fortalecer la confianza ciudadana; favorecer el consentimiento de la sociedad en las decisiones y acciones de gobierno; generar una sociedad más y mejor informada, y repercutir en el ejercicio de un voto más responsable.

Rendición de Cuentas
Es ese diálogo que debe existir entre autoridades y gobernados, a través de las herramientas idóneas para ello. Un verdadero esquema de rendición de cuentas tiene tres dimensiones básicas: la obligación de los servidores públicos de informar sus decisiones; la obligación de dichos servidores públicos de justificarlas frente a los gobernados, y la posibilidad de la sanción por la violación a sus deberes públicos.
Produce efectos como: los ciudadanos se involucran en las actividades gubernamentales; produce un clima de inversión más confiable, reduce asimetrías originadas por privilegios informativos, y mejora el proceso de toma de decisiones de los servidores públicos al obligarles a conducirse con mayor responsabilidad.

Derecho de Acceso a la Información
Es un derecho fundamental, además de una herramienta indispensable en un gobierno democrático e instrumento fundamental en una política de transparencia. El Estado es sujeto pasivo, pues debe permitir al sujeto activo (gobernado) ejercer su derecho.
Se caracteriza porque: no se requiere acreditar interés alguno; no se requiere justificar el uso que dará a la información; el ejercicio del derecho es gratuito; las autoridades son susceptibles de sanción si obstaculizan el ejercicio del derecho, y encuentra límites pero la clasificación de la información es una excepción.